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Patrimonio público y patrimonio privado

Define el diccionario de la Real Academia el patrimonio como el “conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica.” Se suele entender esto en referencia al patrimonio privado. Entretanto, el patrimonio público sería lo mismo pero cuando esos bienes pertenecen al Estado y tienen cierto carácter atemporal.

El patrimonio público se suele dividir entre natural y cultural. Conforman el primero los parques naturales o nacionales, monumentos naturales, reservas naturales, etc, mientras que el segundo abarca la suma del patrimonio histórico-artístico más el patrimonio intangible (conocimientos, tradiciones, manifestaciones artísticas, etc.). Existe en el gobierno una dirección general (Patrimonio del Estado) a nivel nacional, así como organismos similares a nivel de las administraciones autonómicas o provinciales, que se encargan de velar por su conservación.

El patrimonio privado por su parte lo constituyen básicamente las propiedas físicas de un individuo o de una institución o empresa, si bien existen también cosas intangibles como la propiedad intelectual y la propiedad industrial. El patrimonio privado de los demás es frecuentemente objeto de deseo para los amigos de lo ajeno, y por ello suele ocasionarse en torno a él mucha actividad delictiva. Existen en consecuencia profesionales que se especializan en su tratamiento judicial, como es el caso de este abogado para delitos contra el patrimonio en Madrid. Hablamos de delitos como robo, hurto, estafa, extorsión… y también el de daños (el único que no requiere un ánimo de lucro).

A veces surgen algunos conflictos o tensiones entre lo que es el patrimonio público y lo que es el privado, ya que la gestión del primero debe hacerse sin menoscabar los derechos del segundo, lo que no siempre resulta fácil.

Por último, cabe añadir que junto a los delitos contra el patrimonio están también los delitos contra el orden socioeconómico, que son cuando afectan a los bienes económicos no de una persona sino de un colectivo, nacional o supranacional. Entre estos están el fraude fiscal, las alteraciones de precios regulados, o el blanqueo de capitales.

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