Breve radiografía de la enseñanza pública en España

Nadie duda que a lo largo de nuestra vida, la formación es algo fundamental para casi cualquier cosa que nos propongamos lograr en la vida. Lo mismo da si quieres trabajar en la industria de la limpieza, como si quieres dedicarte al mundo de la moda, ser un emprendedor o un hombre de negocios, o si simplemente quieres aprender a conducir una moto para viajar en ella.

Pero antes de poder especializarnos en cualquier cosa, para desempeñar una profesión o dominar una disciplina, todos los ciudadanos necesitan haber recibido una educación general básica, típicamente en la infancia y adolescencia, que es la base para todo lo que se quiera aprender después. En nuestro país esa educación general es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. No obstante, la escolarización de los niños empieza casi siempre antes de esa edad, y el 96% de los alumnos ya están escolarizados con 3 años. Esto convierte a España en uno de los cinco primeros de Europa en tasa neta de escolarización a esa edad.

La crisis económica en esta última década ha supuesto severos recortes presupuestarios sufridos por el sector educativo. Así, el Estado español destinó en 2015 un total de 46.620,8 millones de euros a educación (tanto universitaria como no universitaria), lo que supone solo un 4,32% del PIB de ese año.

Esa cifra subió hasta los 49.418 millones en 2017, pero es una cantidad todavía alejada de los niveles máximos que se alcanzaron en 2009, con un gasto público en educación de 53.895 millones de euros, y que casi representaba el 5% del Producto Interior Bruto nacional.

Si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, la aportación del Estado español a educación se mantiene por debajo de la media de la UE, que se sitúa en el 4,9% del PIB. Según datos de Eurostat, los países europeos que destinan un mayor porcentaje de su PIB a educación serían, en orden descendente, Dinamarca (7%), Suecia (6,5%), Bélgica (6,4%), Finlandia (6,2%), Estonia (6,1%), Letonia y Portugal (6%).

En España hay algo más de 8.000.000 de alumnos cursando cada año Enseñanzas de Régimen General en España (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP…). De ellos, un 68% lo hacen en un centro de titularidad pública, y el resto lo hacen en centros de enseñanza privados. La mayoría de estos colegios privados están en régimen concertado, es decir, que son de titularidad privada pero cuentan con financiación pública. Este régimen lo instituyó el Estado español en los años 80 para poder ofrecer enseñanza gratuita universal pese a no disponer de centros públicos suficientes para ello.

Están por último las academias de estudios, las cuales no forman parte de la anterior estadística pero sí forman parte del sistema al actuar como un complemento del mismo a través de clases de refuerzo o ampliación de la enseñanza general. Estas son siempre del sector privado, lo que introduce un elemento de discusión en el debate sobre el acceso igualitario a la educación. La formación online, como comentaba hace poco una amiga en su blog, abre en este terreno oportunidades para ampliar las opciones de la educación universal sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura. Pero eso ya es materia para otro artículo.

Cursos de formación para el empleo

Uno de los principales esfuerzos que debe hacer nuestra Administración en estos tiempos de crisis es la de transformar el modelo productivo, hasta ahora basado en el ladrillo, por otro más sostenible en el que se refuercen sectores con mayor futuro y con capacidad de exportar productos y generar empleo a largo plazo.

Naturalmente uno de los pilares de esa transformación ha de ser la de capacitar a la mano de obra (especialmente la que está en paro) para las nuevas tareas y aptitudes que requieren las empresas de esos sectores que se pretende hacer crecer. Los sindicatos (tanto CCOO como UGT y otros)  juegan un papel importante en encauzar esos planes de formación para el empleo, y así organizan  numerosos cursos de formación continua y ocupacional, además de servicios de orientación laboral y otros proyectos relacionados. Los recursos, de cerca de 175 € millones al año (según datos del año pasado), que financian esta labor de formación profesional para el empleo, proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional que realiza la Seguridad Social, de las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

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